El Senado analiza en comisión un proyecto de reforma integral de la ley de defensa del consumidor, sancionada hace 27 años.

Un plenario de comisiones del Senado comenzó a debatir una reforma integral de la ley de defensa del consumidor con el objetivo de actualizarla y ampliarla acorde a los cambios producidos en las relaciones de consumo desde su sanción en septiembre de 1993, en un mundo prácticamente sin internet, que modificó dramáticamente las pautas de distribución y consumo.

Según especialistas consultados, el nuevo proyecto intenta mejorar la respuesta técnica poniéndola en sintonía con el derecho ambiental, la perspectiva de género, el acceso al consumo y a la información. Asimismo, “amplía el concepto de usuario y de consumidor y destaca los deberes de los Estados de informar, así como la educación para el consumo; se efectúan nuevas formas contractuales; se incorpora un capítulo de crédito para el consumo, se efectúa un nuevo diseño al resarcimiento de daños (protegiendo) especialmente a los consumidores hipervulnerados, con problemas de salud, mayores de edad, en situación socio económica desventajosa, niños, niñas y adolescentes". Asimismo, presta especial atención al sobreendeudamiento del consumidor, procurando que “la renegociación de la deuda sea determinada por la actuación de un funcionario que convoque a las partes a sentarse a negociar”.

El criterio general “ha sido completar, desarrollar, robustecer, con estricta sujeción a las previsiones constitucionales en la materia y los Tratados de Derechos Humanos que le resultan aplicables”.

Si bien las transformaciones en el consumo deben recorrer un largo proceso que afecte hábitos, rutinas y comportamiento de todos los actores sociales, las adecuaciones legislativas también cubren un aspecto importante de este proceso.

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