Autora: Serena Colombo, Escuela Cooperativa Mundo Nuevo/FECEABA (Federación de Escuelas Cooperativas y Entidades Afines de Buenos Aires)/Asociación de Escuelas de Gestión Social

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Con fecha domingo 23 de julio de 2017, fue publicado en el suplemento “Cash” del diario Página 12[1] un artículo que firma Sally Burch y que se titula: El comercio electrónico en la OMC.  Nueva forma de colonización.

Allí se enuncia que en la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a realizarse en diciembre en Buenos Aires, se intentará imponer normas de regulación para el e-commerce o el comercio por Internet.

Recomendamos leer el artículo para aquellxs que no están informados sobre el tema porque hace (y mucho) a nuestra posibilidad de desarrollo económico y forma parte de las políticas que sobre los gobiernos soberanos, vienen sosteniendo y llevando adelante desde hace más de medio siglo los llamados países desarrollados.

“El comercio internacional es un aspecto central de las economías nacionales.  Su importancia crítica se origina en el papel decisivo que desempeña en la asignación de recursos en las economías internas.  Este rol central del comercio exterior genera el interrogante acera de cuál es la mejor organización del comercio internacional, cuál es la más eficiente.  Si desempeña un papel relevante en la asignación de recursos económicos de las naciones, va de suyo que ese interrogante expresa una temática principal para la teoría económica y -por supuesto- para la práctica política de los Estados.”[2]

“Decenas de millones de personas en todo el mundo mueren de enfermedades evitables por culpa de medidas proteccionistas escritas en las reglas de la OMC, que garantizan a las grandes empresas privadas el derecho de fijar precios monopolistas. Tailandia y Sudáfrica, por ejemplo, que disponen de industria farmacéutica, podrían producir medicamentos que salvaran vidas por una fracción del coste del precio monopolístico, pero no se atreven por miedo a sanciones comerciales. De hecho, en 1998 EE UU llegó a amenazar a la Organización Mundial de la Salud con retirar sus cuotas si a ésta se le ocurría controlar los efectos de las condiciones comerciales sobre la salud. Estas son amenazas reales. 

A todo ello se le llama "derechos comerciales", pero no tienen nada que ver con el comercio. Tienen que ver con prácticas monopolísticas de fijación de precios reforzada por medidas proteccionistas que se incluyen en los acuerdos de librecambio. Estas medidas están diseñadas para asegurar los derechos empresariales, que también tienen como efecto la reducción del crecimiento y de las innovaciones, naturalmente. Estas son sólo una parte de la retahila de regulaciones introducidas en estos acuerdos que frenan el desarrollo y el crecimiento. Lo que motivan estas medidas son los derechos de los inversores, no el comercio. El comercio, porsupuesto, carece de valor en sí mismo. Sólo tiene valor si incrementa el bienestar humano.”[3]

No poner la atención sobre este tema implicaría desconocer gran parte de las dificultades que tenemos los países con industrialización errática (o si prefieren subdesarrollados) para tomar decisiones soberanas sobre nuestra política arancelaria, el uso de patentes para la producción de manufacturas o servicios y, derivado de todo esto, las políticas de asignación de recursos para los habitantes de nuestras tierras.

La idea, esta vez, es regular el uso de Internet para comerciar, garatizando las regalías por uso de productos que fueron patentados desactivando cualquier incentivo de los Estados soberanos para un desarrollo propio.

En el artículo de Sally Burch citado más arriba, se enumeran entre las propuestas a tratar en la conferencia de la OMC:

• La prohibición total de tarifas aduaneras a los productos digitales; y principios de no discriminación.
• Ninguna restricción a los flujos transfronterizos de datos; y ninguna obligación de almacenar datos en servidores locales.
• La prohibición de regulaciones que obliguen a las empresas a transferir tecnología, procesos de producción u otra información propietaria.
• Ninguna obligación para una empresa de utilizar tecnología local en lugar de la tecnología que ella prefiere.
• La prohibición de introducir nuevas regulaciones al e-commerce, más allá de las ya existentes en la OMC para los servicios y bienes físicos.

Para nosotros es fundamental que la comunidad toda esté al tanto de estos acontecimientos que hacen a nuestras decisiones soberanas.  Alertar sobre la incidencia que tienen y tendrán a futuro sobre la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros.

Analizando muy brevemente dichas consecuencias, pensemos en que, por ejemplo, impedir las tarifas aduaneras a los productos digitales, implicaría destruir la posibilidad del desarrollo de productos con altos o medios requerimientos tecnológicos, dado que aquellos que son producidos en países o por empresas que ya tienen ese know how y que, además, gozan de un sistema de subsidios en sus países de origen, resultarían mucho más baratos que los que podría producir un país que no tiene esas ventajas y que, para tenerlas, precisa un tiempo de desarrollo y/o el impulso del Estado.

No tener obligaciones de utilizar tecnología local, se traduce en impedir que eso ocurra y justamente una de las medidas de fomento a la producción nacional es la implementación de políticas públicas que obliguen o fomenten la incorporación de tecnología local.

Desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria (ESS) es imperioso encontrar respuestas y propuestas para llevar a la discusión política este debate e influir en las políticas públicas.

El corpus teórico[4] ya desarrollado nos da herramientas para hacer contrapropuestas a este contrasentido, como la necesidad de una integración tecnológico digital en la región, la inversión y desarrollo de servidores locales que nos permitan el intercambio de información y servicios con independencia de los que utilizan las multinacionales, una política propia de patentamiento que podría implicar, por ejemplo, la anulación intra regional de los derechos por patentamiento y/o el patentamiento colectivo, etc.

Dada esta coyuntura, es momento de generar una propuesta concreta y posible.  Sabemos que en este tiempo histórico no tenemos posibilidades de ser escuchados, pero es sustancial tener una idea clara de las medidas que creemos que deberían tomarse y comunicarla de todas las maneras posibles a la comunidad toda y muy especialmente a quienes se encuentran en espacios de decisión política.

En palabras de Luis Britto García “¿Qué es la soberanía? Es la suprema, perpetua e inalienable potestad de un Estado de darse sus propias leyes, ejecutarlas con sus autoridades y decidir con sus propios tribunales las controversias que se plantearan sobre dicha ejecución. Es una potestad suprema, porque por encima de ella no hay ni puede haber otra. Es inalienable, porque un Estado no puede cederla, comprometerla ni condicionarla sin dejar de existir. Es perpetua, porque una vez instaurada, perdura sin limitaciones en el tiempo. Ello es así porque la soberanía expresa la voluntad del pueblo libre. La pérdida de la soberanía es la muerte del cuerpo político. Nadie puede consentir válidamente en perder la soberanía o en ser esclavo, porque como decía Rousseau, la locura no genera derechos.”[5]

[1]    Fuente: https://www.pagina12.com.ar/51776-nueva-forma-de-colonizacion

[2]    Colombo, Emilio O.: La teoría del Comercio Internacional.  Reflexiones críticas. Ed. Distal.  Pág. 15.

[3]    Chomsky, Noam: El control de nuestras vidas. http://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/chomsky-contro...

[4]Ver, por ejemplo, Coraggio, José Luis.  Economía Social y Solidaria.  El trabajo antes que el capital. Univ. Politécnica Salesiana/FLACSO. http://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/economia...

[5]     Britto García, Luis: Chávez y la soberanía. https://www.aporrea.org/tiburon/a203956.html