En un contexto de serias dificultades agravadas por la pandemia, se gestan políticas públicas desde el Estado y la Economía Social y Solidaria.

Por un lado, el pasado 9 de septiembre fue firmado un importante Convenio Marco de cooperación entre el INAES y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación (MDTH), con el objetivo de “afrontar la problemática del acceso a la tierra y la vivienda y planificar políticas conjuntas y proyectos de desarrollo habitacional de manera solidaria, apoyándose en las fortalezas y presencia territorial de la economía social y solidaria”.

En ocasión de la firma, el entonces titular del organismo, Mario Cafiero, destacó el papel protagónico del movimiento cooperativo y mutual, las organizaciones de la EsyS y de la economía popular en las políticas de desarrollo del hábitat, reafirmando la visión sobre el derecho a la vivienda alineada con el principio de justicia territorial, con una comunidad organizada, capacitada y protagonista de la gestión de estas políticas.

Por otra parte, desde diferentes organizaciones sociales, conformadas en el Colectivo Nacional de Hábitat Popular,  se viene solicitando el tratamiento en carácter de pronto despacho, del proyecto de Ley Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular (PSAHP), Exp.2759/19 en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, cuyo objeto es “promover el Acceso a la Vivienda y a un Hábitat Digno mediante el impulso y financiamiento de políticas de vivienda y hábitat sustentadas en la Concepción Autogestionaria”.

La iniciativa contiene muchos conceptos destacables desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria, tales como la “participación codecisoria de las Organizaciones Sociales Autogestionarias en el ciclo completo (gestación, elaboración propositiva, implementación, evaluación y reproducción) de las políticas públicas”, la “construcción de ciudades y territorios democráticos de explicita dinámica inclusiva (y con) respeto e inclusión de la multiculturalidad, la equidad de género y la biodiversidad”, la idea del “hábitat como bien de uso” excluyendo la obtención de ganancias, y con “relaciones sociales de producción de carácter solidario y sin patrones”. Además de ratificar la función social de la propiedad, se propone reconocer como alternativas dominiales a la Propiedad Colectiva y la Propiedad Privada, respetando y reconociendo para las Comunidades de Pueblos Originarios su ancestral modelo de Propiedad Comunitaria.

El proyecto contempla una trama institucional que incluye la creación de Unidades Sociales de Producción Autogestionaria (USPA), el Instituto de Producción Social Autogestionaria de Habitat Popular, el Banco de Inmuebles (constituido a partir del patrimonio estatal y la recuperación de bienes inmuebles ociosos, etc.) y la Escuela Nacional de PSAHP, con participación de las Universidades Nacionales.

Tanto en el Convenio como en el proyecto de ley está previsto un fuerte protagonismo del INAES: en el primer caso como Ente Ejecutor y en el proyecto de Ley como representación del Instituto a constituirse como autoridad de aplicación.

Convenio MDTH-INAES

Proyecto de Ley PSHAP: