Luego de recordar que la CABA es el distrito más rico del país, con el 23% del PBI nacional, lo que le otorga capacidad económica suficiente para hacer frente a las necesidades básicas de sus habitantes, el informe describe a la Ciudad de Buenos Aires como un distrito heterogéneo, segmentado, y con marcados contrastes y contradicciones en las condiciones de pobreza, de vivienda, de salud y de educación.

El análisis considera dos tensiones principales:

• Contrasta las condiciones en que se desenvuelve la vida social en la Ciudad y su relación con las políticas públicas vigentes (que pueden reproducir, reducir o agravar tales condiciones fácticas).

• Contrasta estas políticas públicas con la obligación de progresividad, —establecida en el marco normativo al que esas políticas deben ajustarse por mandato constitucional y legal.

El informe destaca la segregación territorial y la gentrificación (sustitución de habitantes de bajos ingresos por otros con recursos medios y altos en áreas determinadas, particularmente, en sus sectores centrales y de buen equipamiento urbano, de la mano de reglas de juego de mercado totalmente desreguladas).

El análisis presupuestario de las áreas sociales para el período 2008-2015, evidencia la reducción de la participación de esas áreas en los Presupuestos Totales Sancionados (el 3,75%), y en los Presupuestos Totales Ejecutados (el 4,22%).

Concluye, entre otras afirmaciones, que la acción del GCABA no cumplimenta en forma adecuada o suficiente las mandas constitucionales de “políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión” (art. 17 CCABA), ni “promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio” (art. 18 de la CCABA).

Las informaciones obtenidas respecto de la situación social, habitacional, sanitaria y educativa de los habitantes de la Ciudad, así como el análisis de las políticas públicas implementadas, y de manera particular la constatación de una asignación regresiva de los recursos públicos destinados a las áreas sociales, ponen de manifiesto que el GCABA ha transgredido el Principio de Progresividad, lo que lesiona los derechos y garantías del marco normativo local, nacional e internacional.