Hace casi 10 años, el 29 de noviembre de 2012, se sancionó en la Provincia de Buenos Aires la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. “Para los colectivos populares la ley es un instrumento de lucha. Y eso es lo más importante porque mientras sea un instrumento de lucha para mejorar la calidad de la ciudad va ser un elemento clave para seguir transformando la realidad”, enfatiza el arquitecto Eduardo Reese, docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs), uno de los impulsores y redactores de esta Ley.

El especialista en planificación urbana y regional sintetiza que la ley “busca romper con las políticas urbanas burocratizadas, ampliar derechos en materia de acceso al suelo y gestión democrática de la ciudad. Y garantizar instrumentos para fortalecer la capacidad de intervención pública en el mercado inmobiliario”. La ley fue promulgada por orden judicial varios meses después de su aprobación, modifica el decreto ley 8.912 de ordenamiento territorial provincial -de la última dictadura militar- que aún está en vigencia.

“En estos años cambiaron muchas cosas y otras no. Hay una firme oposición de parte del mercado inmobiliario y de muchos funcionarios que siguen asociados al mercado inmobiliario para aplicar la ley lo menos posible o no aplicarla”, afirma Reese. Y a la vez enfatiza que “casi todos los municipios han ido alterando sus prácticas tradicionales. Hoy por hoy la Provincia de Buenos Aires no aprueba ningún nuevo plan urbano, ninguna ordenanza que no cobre y redistribuya las plusvalías que se generan”. Entre los cambios, Reese menciona los mecanismos que permitieron producir unos 30 mil lotes sociales en la provincia de Buenos Aires en estos 10 años y la creación del Consejo Provincial de Hábitat Digno. Además señala que cambiaron “la lógica con la cual los municipios arman sus planes urbanos” y que además la ley facilitó la regularización de villas y asentamientos. Remarcó que “hay experiencias súper interesantes” ya sea de municipios rurales y urbanos, con mayor o menor densidad de habitantes.

“La ley impone una serie de principios jurídicos básicos, como el derecho a la ciudad, la función social de la propiedad, la gestión democrática, y por lo tanto la obligación de hacer participativos los procesos, la distribución justa de las cargas y de los beneficios de los desarrollos urbanos. Más allá de eso, la ley actúa como una caja de herramientas para los municipios. Es decir que los municipios combinan esas herramientas de gestión territorial como les parezca mejor a partir de los problemas que tienen”, explica Reese y hace hincapié en la gran heterogeneidad de realidades de los 135 municipios que integran la provincia.

En el marco de la Ley se crearon distintas instancias de participación obligatoria de la población, entre ellas, el Consejo Provincial de Hábitat Digno, siguiendo uno de los principios rectores de la ley, la gestión democrática de la ciudad. Este consejo se reúne una vez al mes y cuenta con cerca de 30 integrantes en representación de distintas instituciones, entre ellas, organizaciones sociales, universidades nacionales con sede en la provincia – entre ellas el Instituto del Conurbano de la UNGS-, gobierno provincial, gobiernos municipales, legisladores y legisladoras provinciales, defensorías públicas y colegios profesionales.

 ¿Con qué propósito se crearon los consejos locales?

-El objetivo de los consejos fue siempre el de crear un ámbito de articulación entre estado y sociedad. Tratamos de encontrar una manera en la cual los conflictos que hay en el territorio, que los hay siempre y muchos, tengan un ámbito de discusión y resolución democrático. Esa es la razón de ser de los consejos y de los comités que funcionan en barrios populares y que son obligatorios para tomar las decisiones en los procesos de regularización de esos barrios.

– ¿Cuál es el desafío principal que enfrenta la ley a diez años de su sanción?

– Creo que hay tres. Uno es seguir profundizando la aplicación, insistiendo en la necesidad de que hay que aplicarla integralmente. El segundo desafío es continuar manteniendo y profundizando esa bandera de lucha, ese carácter de transformación que tiene que tener. Esta no es una norma para burocratizar los procesos territoriales. Por el contrario, los consejos son instancias para criticar, reclamar, rediscutir y acordar. Esa es una mecánica de la gestión territorial que impide su burocratización, en la medida en que esa dinámica exista. El tercer desafío es el de modificar la ley porque se aprobó hace 10 años, pero el primer borrador que escribimos ya tiene 15. En ese momento, la introducción de la perspectiva de género era bastante débil y la ley no la recoge bien. Hace 15 años ni se hablaba de la crisis climática. Tampoco estaba presente en los debates la posibilidad de intervenir más fuertemente en la tierra periurbana rural para los productores, quinteros, familiares. Pasamos una crisis sanitaria y una pandemia y todo ese aprendizaje hay que incorporarlo. Entonces, hay cosas que necesitan cambiarse por el paso del tiempo y que deben ser incorporadas.

Próximas actividades

Reese recuerda la dinámica participativa con la que se gestó la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y que una futura modificación seguiría “la misma lógica de construcción de la ley, la de escribir, debatir, recoger los debates, volver a escribir, volver a debatir”. Motivados por las discusiones en torno a los 10 años de la sanción, el Estamento Universidades del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, conformado por distintas casas de estudio, entre ellas la Ungs, a través del ICO, organiza una serie de jornadas de discusión.

Desde el ICO se trabajó además en la producción de la serie de podcasts “Ley de acceso Justo al Habitat: 10 Años”, disponible en el siguiente link, y en una serie de audiovisuales que se emitirán por UNITV, el canal de televisión de la Ungs. Reese cuenta que todos estos materiales se distribuyen por los barrios y que son utilizados para motorizar debates. También, la revista de Urbanismo «Armar la ciudad» y el Observatorio del Conurbano, ambos del ICO, publicarán especiales sobre la cuestión.

Fuente: Prensa y Comunicación de la UNGS